Coparmex y abogados presentan ante la Corte "amicus curiae" contra “Plan B”

La Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos amicus curiae sobre las afectaciones que en diversos ámbitos trae consigo la publicación y entrada en vigor de la reforma electoral y el “Plan B”. Los organismos confiaron en que la información y los argumentos aportados ayuden a que la SCJN suspenda de manera definitiva los efectos de la citada reforma electoral, revise las distintas demandas de controversia constitucional y acciones presentadas por diferentes actores y declare la inconstitucionalidad del “Plan B” para evitar afectaciones al órgano electoral y a la democracia.

Los amicus curiae presentadas en contra de las reformas publicadas el 27 de diciembre del 2022 y el 2 de marzo de 2023, respectivamente, destacan las graves infracciones al procedimiento legislativo, debido a la 'atropellada' y antidemocrática aprobación, que aseguran, “violentó el orden constitucional al quebrantar las fases del proceso legislativo”. “Se menospreciaron los avances del derecho parlamentario que garantizan los derechos de las minorías que mantienen las garantías democráticas del futuro”, se establece en uno de los escritos. Además, se explica que aun cuando la reforma constitucional, conocida como “Plan A” fue rechazada por el Congreso, el Gobierno Federal “le dio la vuelta” a través de los cambios a las leyes secundarias, lo que significa “un desafío directo al orden constitucional sino el acto de imposición más serio en la historia reciente de nuestro país”. “Un desafío grave, claro y directo del gobierno hacia las instituciones que tienen origen ciudadano”, indican las tres organizaciones en un comunicado. Luego de la entrega de los amicus curiae , la presidenta de la ANADE, Nuhad Ponce Kuri, destacó la importancia de que el Máximo Tribunal del país cuente con los elementos técnico-jurídicos de carácter constitucional que le permitan proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía