Vamos a la segunda vuelta

A pocas semanas de la segunda vuelta electoral el ambiente está cargado de tensión y la atención volcada a los procesos judiciales. Los preparativos en estas próximas semanas serán cruciales para lograr un evento electoral exitoso. Sin embargo, los actores se encuentran distraídos, arriesgando dichos preparativos y hasta el proceso electoral. Derivado de la atención requerida para dar respuesta a los requerimientos del Ministerio Público en relación con los casos que se encuentran en investigación.

En las últimas semanas, nuestro Tribunal Supremo Electoral(TSE), ente rector y máxima autoridad en materia electoral en nuestra nación, ha sido el centro de atención. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y el Ministerio Público (MP) le han hecho múltiples solicitudes al TSE que lo distraen de su mandato. En realidad, todos deberían estar al servicio del TSE para garantizar un proceso electoral íntegro, en paz y con la mayor participación ciudadana posible. Esto no debería estar en duda nunca.

No obstante, vemos cómo esta segunda vuelta está en riesgo. El panorama ha afectado enormemente la salud mental y motivación de los voluntarios del proceso electoral, me refiero específicamente a las Juntas Receptoras de Votos y las Juntas Electorales. La incertidumbre en el ambiente genera miedo y pone en riesgo su participación, se sabe que incluso algunos de ellos han decidido renunciar. ¿Qué pasa si alguna de las Juntas Electorales decide no participar por acoso? ¿O si los digitadores del TSE no se presentan ese día por miedo e intimidaciones?

Ayer empezó a circular por redes sociales una encuesta de CID Gallup que da a conocer detalles de la percepción de la ciudadanía ante el panorama electoral. Preocupa que el 73 por ciento de los encuestados piensen que nuestra democracia está en amenaza. En ese sentido, hay un factor adicional que pone en riesgo nuestra segunda vuelta. Y es que, en un extremo, se institucionalice la judicialización de la política, y en el otro extremo, que se promuevan reformas apresuradas para tratar de limitar dicho fenómeno a futuro. En otras palabras, las acciones del MP (percibidas por 46% de la población como incorrectas según la misma encuesta) tendrán una reacción y consecuencias. Lo que no podemos predecir es cuáles.